Más de 30.000 'sin papeles' se quedan otra vez sin sanidad en Valencia

El Constitucional acepta el recurso del Gobierno contra la ley valenciana que devolvía la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.

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El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley valenciana que otorga el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular, lo que supone la suspensión automática del derecho otorgado a los inmigrantes 'sin papeles'. La decisión se produce apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reuniese con el presidente autonómico Ximo Puig, un encuentro en el que, sin embargo, no se habló finalmente de la pugna judicial entre ambas administraciones por este asunto, según fuentes de la Generalitat.


Ximo Puig ha manifestado esta tarde que no introdujo la cuestión en la reunión porque daba por hecho que el Constitucional no aceptaría el recurso gubernamental y ha calificado de "inaudito" el bloqueo de la norma autonómica.


La devolución de la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' fue una de las primeras decisiones del Gobierno salido de las urnas tras las pasadas elecciones autonómicas. En el mes de julio, la nueva 'consellera' de Sanidad, Carmen Montón, anunció la modificación legislativa, y aseguró que gracias a ella más de 30.000 inmigrantes irregulares se beneficiarían de una cobertura sanitaria universal.

La norma valenciana, aprobada por las Cortes autonómicas en septiembre, va más allá de la modificación que hizo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de devolver parte de los derechos de prestación apenas unas semanas después de tomar posesión. Esta es la razón por la que el Gobierno considera que la Generalitat ha vulnerado sus competencias y por lo que ha presentado el recurso ante el Constitucional.

Según la resolución del TC, la admisión a trámite conlleva la "suspensión automática" de la norma porque en el recurso el Gobierno invocó la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", y la impugnación "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", recoge.


El pasado 23 de octubre, el Consejo de Ministros acordó solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, al considerar que la norma podía incurrir en una "extralimitación competencial".

El Gobierno argumentaba que la norma valenciana "vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado". "La jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de sanidad, así como la financiación de la sanidad pública", señala el Gobierno.

El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado hoy que el Consell dictará una norma para que "cualquier ciudadano que acuda a un centro de salud sea atendido" y ha pedido "tranquilidad" frente a la paralización cautelar de la atención sanitaria para inmigrantes ordenada por el Constitucional, según recoge EFE.

La 'consellera' de Sanidad ha señalado que la Generalitat acatará la decisión del Constitucional respecto a la universalidad de la atención sanitaria. Sin embargo, ha destacado que “ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunitat Valenciana”. “Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que residen en la Comunitat Valenciana”, ha señalado Carmen Montón. “No vamos a dejar a ningún ciudadano desprotegido”.


 

Fuente: El Confidencial

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