Los analfabetos no pueden aspirar a obtener la nacionalidad española

Los nuevos exámenes para nacionalizarse no prevén ninguna prueba específica para ellos

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La nueva normativa para obtener la nacionalidad española, a través de un examen de conocimientos generales y de una prueba de lengua castellana, en vigor desde el 15 de octubre, no prevé que una persona analfabeta pueda superar el trámite. «Existe un problema gravísimo con estos inmigrantes.

 

Es verdad que son pocos los que no saben leer ni escribir, pero, en cambio, hay bastantes analfabetos estructurales, es decir, personas cuya comprensión lectora es reducida», advierte Antonio Segura, vocal de la comisión de Extranjería del Col·legi d'Advocats de Barcelona. «La ley no contempla exámenes específicos para personas analfabetas o su exclusión de la obligación de examinarse si aportan documentación que acredite tal condición», subraya María Mena, abogada de la fundación Servei Solidari, que asesora a inmigrantes.

 

Para este segmento de la población nadie da de momento una solución, protestan ambos abogados. La dirección general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia admite que se produce esta anomalía, pero se limita a hacer la constatación. Eso, pese a que el Código Civil prevé, en su artículo 22, que «la integración de una persona puede acreditarse con una prueba, una opción que con la nueva norma no se ofrece a estas personas», indica Mena. «Una posible solución sería entregarles manuales sobre los nuevos exámenes obligatorios y formular las preguntas de forma más clara, con un lenguaje directo», sugiere Segura.

 


Con todo, los dos letrados coinciden en que, pese a los problemas que está acarreando su implantación, el nuevo mecanismo de exámenes, que organiza el Instituto Cervantes para toda España y que se celebran el último jueves de cada mes, es más equitativo que el anterior sistema, en que era el juez del Registro Civil el que decidía las preguntas que debían responder los candidatos. «Así se evita la discrecionalidad anterior y el sistema es más homogéneo», destaca el vocal del Col·legi d'Advocats.

 

El real decreto 1004/2015 sobre el reglamento para adquirir la nacionalidad española por residencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de noviembre, ha dado origen a otra paradoja, dice Mena. Quienes han estado esperando -incluso durante dos años- para presentar la documentación necesaria ante el Registro Civil, se encuentran ahora con que «pese a tener todos los papeles requeridos por la anterior normativa, cuando solicitaron la cita previa, ahora se les pide que hagan, además, los exámenes del Instituto Cervantes», señala la abogada de Servei Solidari, una entidad vinculada a la Escola Pia de Catalunya.

 

Para Segura, la situación de «confusión y cierto caos» que se vive tras la entrada en vigor del decreto, no es atribuible tanto al Registro Civil como a los nuevos exámenes obligatorios. «Mientras que en Barcelona la próxima convocatoria con plazas disponibles es en octubre del 2016, en Madrid es en enero del 2016 y en Valencia, incluso, en noviembre de este año». Por eso, agrega, «hay peticionarios de Barcelona que se han trasladado a estas ciudades para poder hacer el examen y conseguir más rápidamente la nacionalización».

«Eso supone que algunas personas van a encontrarse con que los documentos traducidos y legalizados por sus respectivos países de origen podrían en muchos casos caducar, antes de que les toque hacer el examen», denuncia María Mena, que critica la «inseguridad jurídica que comporta no tener claro cuál será el criterio de la Administración a partir de ahora». «No está claro que, si el Registro Civil de una localidad acepta la documentación y permite que el interesado aporte más adelante lo que le falta, también haga lo mismo la dirección general de Registros y Notariado. ¿Dará esta por válidos unos documentos que le pueden llegar ya caducados?», cuestiona.

 

 

«Hay registros, como el de Barcelona, donde ya no se dan citas previas, porque se ha llegado a la fecha del 30 de junio del 2017, cuando está previsto que se inicie el proceso de forma telemática», aclara Segura. Otras poblaciones están aún más colapsadas, asegura: en L'Hospitalet de Llobregat, se están dando citas para el 2020 y, en Santa Coloma de Gramenet, para el 2022.

 

Fuentes: ElPeriodico

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