Más de 43.000 extranjeros no comunitarios están en situación irregular en la Comunitat Valenciana

La Comunitat registra el 25% de los inmigrantes que viven en España sin documento de residencia y que vuelven a quedarse sin asistencia sanitaria universal tras suspender el TC el decreto

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Más de 43.000 extranjeros no comunitarios se encuentran en situación de irregularidad documental en la Comunitat Valenciana. Una cifra que ha bajado ligeramente respecto a 2014, según se desprende de un análisis realizado por el Secretariado Diocesano de Migración Orihuela-Alicante (Asti-Alicante).

 

El informe refleja la cifra de extranjeros de terceros países y relacionado solo con el régimen de residencia a fecha de enero de 2015. En España se sitúa en las 170.000 personas irregulares y ha bajado frente a los 251.800 que se registraba el año anterior. A la Comunitat le corresponde casi el 25% de este total, es decir, cerca de 43.300 personas de 317.249 empadronados y también sigue la misma tendencia, con un descenso, si se compara con 2014 cuando se superaba los 49.500.

 

Por provincias, el 62,9% de estos extranjeros viven en Alicante (27.215), mientras que el porcentaje en Valencia baja al 39,7% (un total de 17.185) y en Castellón, por contra, se registra un pequeño saldo negativo (-1.117), que se puede achacar al retorno a su país de origen cuando todavía tienen su autorización de residencia en vigor y se han dado de baja en el padrón. Otra de las posibles causas es que se haya producido una baja automática del padrón por caducidad a los que no renovaron su empadronamiento en un periodo de dos años.

 

«En España, de cada cuatro extranjeros de terceros países en situación de irregularidad documental, uno se encuentra en la Comunitat Valenciana», afirma el informe, que matiza que estas cifras son cálculos que se realizan a través del INE, todavía provisionales, y del Observatorio Permanente de la Inmigración.


El colectivo de no comunitarios lo forman extranjeros que no pertenecen a países miembros de la UE ni de Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza. La falta de autorización de residencia o estancia tiene consecuencias legales y sociales para los afectados

La primera de ellas es una sanción que puede ser económica o la expulsión del país, con la prohibición de entrada a España por un periodo de hasta cinco años. Ahora bien, se añade que «en todos los casos el extranjero se encuentra ante una falta administrativa y no ante un delito». Mientras se tramita la sanción está expuesto a medidas cautelares como tener que presentarse de forma periódica ante la Policía, retirarle el pasaporte, estar obligado a residir en un determinado lugar, ser detenido por un máximo de 72 horas e ingresar en un centro de internamiento hasta 60 días.


Recurrido

Como derechos, además de poder empadronarse y de escolarización de los menores de 16 años, entre otros, desde Asti-Alicante ponen el acento en el retorno asistencia sanitaria gratuita universal en la Comunitat a todos inmigrantes 'sin papeles' y sin excepciones.

Hay que recordar que esta cobertura fue recortada por el Gobierno central en 2012, pero tras las elecciones autonómicas el Consell recuperó este derecho en la autonomía y volvió a asignarles un médico de cabecera. Sin embargo, este decisión de la Conselleria de Sanidad -que fue aplaudida por las organizaciones que atienden a los inmigrantes- solo ha durado unos meses hasta que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitución. A principios del pasado mes de noviembre, el TC suspendía el decreto de la asistencia universal.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentaba, entre otros puntos, que la norma valenciana «vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado». La Generalitat ya ha recurrido ante el tribunal.

En el caso de la provincia hay que destacar que registra el mayor número de personas de terceros países en situación de irregularidad, y por tanto de afectados por la asistencia sanitaria, tanto en números absolutos como en relativos: representa el 18,5% del total de 147.084 empadronados. Aun así, desde Asti-Alicante apuntan que también se ha producido una disminución respecto al año anterior cuando el porcentaje se situaba en el 19,2%.

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