Gobierno de Colombia y FARC-EP firman hoy nuevo acuerdo de paz

Te contamos seis claves para entender este nuevo acuerdo de paz

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Esta vez será todo breve y sobrio, sin invitados internacionales ni cámaras. Antes del mediodía, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, la autoridad máxima de las FARC, firmarán ante los presentes en el Teatro Colón de Bogotá el nuevo acuerdo de paz con el que se busca cerrar 52 años de conflicto armado. El Congreso lo recibirá de inmediato para refrendarlo y aprobar su implementación en medio de una delicada situación política. La Conferencia Episcopal y Human Rights Watch (HRW) respaldaron este acuerdo. El expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores se mantienen firme en su rechazo pese a que el flamante texto incluye cambios en casi 60 temas, y en algunos casos con modificaciones de peso que tuvieron en cuenta las opiniones del vencedor en el plebiscito del 2 de octubre. Santos calificó los cambios de una manera inusual: “radicales”.

 

El Gobierno y las FARC llegan a esta instancia después de días de arduas negociaciones, favorecidas por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al presidente. La guerrilla tuvo que hacer concesiones: el acuerdo no tendrá rango constitucional. Lo pactado en La Habana podría ser susceptible a posibles correcciones que estarán determinadas por las relaciones de fuerza en un futuro Congreso.

SIN CÁRCEL PARA GUERRILLEROS

No habrá cárcel para los guerrilleros que confiesen sus delitos de sangre y colaboren plenamente. El Tribunal para la Paz debe fijar espacios concretos en donde deben estar los sancionados. Solo podrán moverse en áreas que no serán superiores a la de las zonas acordadas para la desmovilización. HRW aseguró que este texto define mejor qué tipo de castigo recibirán los miembros de las FARC y cómo se restringirá su libertad. Las Naciones Unidas verificarán el cumplimiento de las sanciones. En cuanto a las responsabilidades militares en la violación de derechos humanos, se presumen castigos equivalentes a los contemplados para la insurgencia.

PAGO CON EL BOTÍN DE GUERRA

Las FARC se comprometieron a reparar a las víctimas con el capital económico acumulado a lo largo de los años del conflicto. El misterio sobre el capital acumulado se develará en el proceso de abandono de las armas, cuando la guerrilla deberá presentar un inventario de bienes y activos para destinarlos al fin especificado.

LOS ESCAÑOS, PARA LAS VÍCTIMAS

Una vez convertida en agrupación política y reinsertada en la vida civil, las ya ex-FARC no podrán inscribir candidatos para que ocupen los 16 escaños transitorios que contempla el acuerdo de paz. Estos les corresponderán a las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto. Es las elecciones del 2018 y del 2022 se les garantizarán no obstante cinco escaños en ambas cámaras del Congreso, además de las que pudieran obtener por los votos. El partido político naciente no tendrá beneficios excepcionales de financiación: estará en igualdad de condiciones con los demás competidores tradicionales.

PROTECCIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS

La protesta social será legítima siempre que sea pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Este último aspecto demostró ser de extrema importancia después de los asesinatos de tres líderes sociales perpetrados días atrás y atribuidos a la ultraderecha paramilitar. “Nos están matando”, alertó Iván Márquez, uno de los negociadores de las FARC.

 

En lo referente a los delitos que tengan conexión con el narcotráfico se tendrá en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.

SIN JUECES EXTRANJEROS

Uribe trató de derribar la Justicia Especial para la Paz. Si bien fracasó en el intento, ha logrado que se ajuste a la jurisdicción colombiana. En virtud de lo pactado, ya no habrá jueces extranjeros. Solo se admitirá la participación de expertos en posconflicto y en calidad de “amicus curiae”. Las oenegés no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces.

 

En lo que respecta a la cuestión agraria, se subrayó que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.

 

CONCESIONES MUTUAS

Monseñor Luis Augusto Castro, presidente del Episcopado colombiano destacó la importancia de este segundo acuerdo. “Hay algunos aspectos en los que la guerrilla no puede ceder y el Gobierno no puede forzar la situación”.

 

Fuente: ElPeriodico

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